A los peruanos desmemoriados

Nuestra posición sobre la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación es conocida. Su creación sirvió, fundamentalmente, para echar lodo sobre el Partido Comunista del Perú y la guerra popular; y para justificar y encubrir un sinnúmero de asesinatos como, por ejemplo, los cometidos por el grupo «Colina».

La experiencia internacional ha demostrado, una y 1,000 veces, el papel poco productivo de este tipo de Comisiones. Estúdiense casos similares, como el de África de Mandela; o, para no ir tan lejos, recuérdese lo sucedido con la denuncia contra el criminal de guerra Alan García, quien tuvo una inmensa deuda de sangre con el Partido y el pueblo peruano; la denuncia contra él y el Consejo de Ministros de su Gobierno por el asesinato de más de 300 prisioneros de guerra y presos políticos, en 3 penales el 86, fue archivada; y a pesar de que el caso fue reabierto a causa de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pasó nada de nada. Luego, por corrupto, se suicidó, se llevó al infierno las denuncias y se libró del juicio popular.

Como se puede ver, en las instituciones democráticas una mano lava la otra; esas Comisiones sólo sirven para expiar culpas y tapar crímenes. Mírese donde se quiera, la historia se repite una y más veces, la diferencia radica en que unas veces se repite como tragedia y otras como comedia.

Sobre los tan cacareados acuerdos de paz y otras reconciliaciones, mírese, entre otros muchos ejemplos, lo que ocurre en Colombia y lígueselo al viejísimo plan Colombia o, en nuestra historia reciente, véase el plan Nuevos Horizontes, entre otras jugarretas del imperialismo yanqui que aún se pasea ufano por el mundo fungiendo de gran gendarme.

Uno de los ejemplos más patéticos que ilustra la función cumplida por la CVR, es el caso de Uchuraccay. Para investigar el despiadado asesinato de 8 hombres de prensa, su guía y un comunero, se formó una Comisión Investigadora presidida por Mario Vargas Llosa cuyo Informe Final fue un panfleto que encubre y exculpa desenfrenadamente la responsabilidad del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y justificó la matanza atribuyéndola a la ignorancia y atraso milenario de los campesinos; y el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también avaló la matanza al sostener que los asesinos confundieron a las víctimas con terroristas y, de modo espontáneo, los mataron, en medio de una gresca, a pedradas y cuchillazos, como parte del derecho de los campesinos a la autodefensa… aunque, muy tímidamente, y como actuación excepcional u ocasional, señala que algunos de los llamados Comités de Autodefensa fueron más allá de las tareas de autodefensa y resultaron responsables
de crímenes que deberían ser sancionados.

Lo que algunos peruanos, al elegir a Keiko Fujimori como el mal menor, han olvidado es que, durante los años del conflicto armado, se desarrolló algo que debe ser llamarlo por su nombre y apellido: Terrorismo de Estado; una acción concertada y sistemática avalada y promovida por quienes fungieron de Presidentes de la República: Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori Fujimori, padre de la patibularia Keiko.

Cabe destacar que muchos peruanos han olvidado, o simplemente ignoran, que Belaúnde celebró, públicamente, una larga serie de asesinatos de sospechosos como los perpetrados por gamonalillos en las alturas de Huanta y otros lugares.

La llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó haber registrado —entre 1980 y 2000—, 538 casos de violación sexual a mujeres y 11 casos de violación sexual a varones; y, señaló que los años de mayor ultraje fueron entre 1983 y 1992; período regido por los 3 criminales de guerra arriba mencionados. Sobre las responsabilidades, dicen que 449 violaciones fueron cometidas por las Fuerzas Amadas, las Policiales, los comités de autodefensa y los paramilitares; al Partido Comunista del Perú se le imputan 61 violaciones; 8 al MRTA y 20 no saben a quién corresponde. De ser ciertas tales cifras y si se hace un simple cálculo, el resultado es que el 83% de las violaciones fueron cometidas por las llamadas fuerzas del orden supuestamente encargadas de garantizar y proteger la seguridad ciudadana. Sin embargo, las cifras atribuidas a las fuerzas del orden y sus mesnadas, no son más que un pálido reflejo de la realidad; las violaciones se pueden contar por miles.

Detrás de Alberto Fujimori, como asesor principal, estuvo el Instituto Libertad y Democracia dirigido por Hernando de Soto, quien también prestó gratos servicios a Alan García; este individuo, hoy ex candidato a Presidente, copando posiciones estatales, económicas y diplomáticas, fue quien elaboró la llamada doctrina Fujimori; reflejada, por ejemplo, en el conocido decreto sobre la Autoridad Autónoma de Desarrollo Alternativo, una fuente legislativa en contra de la propia democracia burguesa que planteaba la democracia integral con participación ciudadana y cuyo objetivo fue la corporativista incorporación de las masas a sus planes. De Soto, una vez más, está presto a asesorar al mejor postor.

Pues bien, a pesar de la sesgada opinión de la CVR, como expresión unilateral del Estado y sus agentes represivos, es posible encontrar testimonios reales que trascienden más allá del objetivo de la Comisión y nos revelan la esencia de la reacción y, en especial, lo pernicioso que será el triunfalismo del fujimorismo.

El atento lector tiene la palabra.

Ediciones Bandera Roja
Lunes 7 de junio de 2021

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
—INFORME FINAL—
[Extractos]

Doc en PDF (25 págs. en A5)